En la página del Consejo Superior de Deportes está colgado un estudio muy ilustrativo sobre la estructura del deporte español (extrapolable al mundial), basado en la promoción pública de intereses privados. En palabras de este informe:
"La organización del deporte en España se basa en un sistema de colaboración mutua entre los sectores público y privado. Ambos sectores comparten responsabilidades en el fomento, promoción y desarrollo de las actividades y prácticas físico-deportivas.
La armonización de intereses y la corresponsabilidad social son los dos principios que informan y configuran la dinámica social de la actividad deportiva general".
Las instituciones más características del sector público y privado, son:
Muchas de las asociaciones deportivas privadas, como la ADO, tienen la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con sus correspondientes ventajas jurídicas y fiscales, al estilo de la siniestra SGAE y su función de cobrar un diezmo a los ciudadanos para dárselo a unos pocos multimillonarios en nombre de la "cultura". Estos entes deportivos hacen lo propio en nombre del "deporte". Aunque no repartan beneficios explícitamente, reparten dietas y cargos diversos. Luego están las empresas privadas como los equipos de fútbol y baloncesto, con ventajas respecto a una S. A. normal y diversos tratos de favor por parte de los poderes públicos: recalificaciones, subvenciones indirectas, publicidad en los medios, condonaciones fiscales, utilización de edificios públicos, etc.
Para disimular esta promoción estatal de negocios privados, se recurre a confundir la práctica deportiva de base con el negocio del deporte profesional, como si los estadios olímpicos, los deportistas multimillonarios que tributan en paraísos fiscales o los beneficios del fútbol tuvieran algo que ver con el ciudadano de a pie que corre por un parque o acude al polideportivo municipal, cada vez más caro y menos subvencionado.
En resumen, en la industria deportiva se puede ver en menor escala el sistema de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, como sucede con la banca y los "sectores estratégicos" de la economía. Caso contrario al de los particulares y las pequeñas empresas, que pagan impuestos pero no reciben un trato de favor ni son rescatados con dinero público en caso de ruina.